Podemos ha presentado el programa electoral que espera aplicar si logra gobernar tras el 28 de abril. En el documento, dado a conocer este viernes a través de su página web, se incluyen una serie de propuestas sanitarias en el apartado ‘Garantías de Justicia Social’, algunas novedosas y otras ya defendidas por este partido durante la última legislatura.

Según el análisis de ConSalud.es como primera medida, la formación morada se propone pasar del actual 6% del PIB en gasto sanitario al 7,5% del PIB en 2023. Esta actuación es relevante para este partido ya que con ella esperan “impulsar la Atención Primaria con recursos suficientes, que supondrán al menos el 20% del gasto sanitario”. Además, detallan que también supondrá mejoras a favor del personal sanitario.

En concreto, Podemos asegura que en su programa que pondrán “fin a la precariedad” de los profesionales de la sanidad a través de la implementación de un “programa de recuperación” de aquellos que han salido a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España por necesidad. Igualmente, proponen un Plan Estatal de Formación Continuada “que responda al interés de los profesionales y de toda la ciudadanía”.

En el ámbito laboral, destacan actuaciones como la puesta en marcha de la jornada laboral de 34 horas semanales y la consecuente “protección del tiempo de desconexión del trabajo”. Asimismo, teniendo en cuenta los derechos laborales, aseguran que pondrán fin a la brecha salarial mediante una ley de igualdad retributiva y que propondrán la “equiparación inmediata a 16 semanas” de los permisos de paternidad y maternidad.

El paciente también tiene un especial protagonista en el programa electoral de Podemos. Con respecto a la universalidad de la asistencia sanitaria, prometen que se “recuperará de manera completa, sin discriminaciones en el tratamiento ni requisitos innecesarios para tener acceso a los servicios”. Además, anuncian la eliminación de los copagos y el establecimiento de “garantías para que no puedan introducirse otros nuevos”.

Un nuevo servicio que se incorporará a los sistemas de salud, en el caso de que gobierne Podemos, será el de dentista gratuito. Éste, anuncian, cubrirá “servicios básicos no incluidos hasta ahora, como empastes, limpiezas, ortodoncias, endodoncias, prótesis y férulas”. Mientras, aprobarán en el plazo de un año el Plan Nacional de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA).

Con respecto a las listas de espera, el partido de Pablo Iglesias ofrece su compromiso a que “en una legislatura, ninguna cita con un especialista ni operación que tenga que ver con una patología grave se retrase más de un mes”. Para ello, anuncian “se hará valer esta garantía dentro de las competencias del Estado, a través de los órganos correspondientes y con la dotación de los recursos materiales y humanos necesarios”.

Tal y como ya anunciaron recientemente, la formación morada insta a “tomar en serio la salud mental” a través de la construcción de “un verdadero sistema de atención”. Así, volverán a presentar su proposición de ley en el Congreso así como un “protocolo especial” para prevenir el suicidio entre los pacientes.

En materia de salud pública, Podemos afirma que actuarán para “romper el ciclo de la comida basura”. Para ello, proponen varias acciones: obligaciones en el etiquetado que reflejen la calidad de los productos; fiscalidad alimentaria con un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo para alimentos frescos y saludables; regulación de la publicidad alimentaria con la persecución de la que sea engañosa y la restricción en horario infantil; y la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales.

Por otra parte, aseguran que promulgarán una Ley Celiaca con la que “se impedirá la discriminación laboral y escolar de personas con enfermedades como la celiaquía o la diabetes”. Asimismo, “se impulsará la investigación, se mejorarán las estrategias de diagnóstico precoz, se incentivará que los establecimientos incluyan opciones sin gluten y se estudiarán ayudas directas y fiscales para las familias afectadas”.